Por Ing. Natalio Valery Avila
La prórroga del racionamiento que anuncio el gobierno nacional en días pasados corrobora que las inversiones realizadas para la reactivación del parque térmico no han sido suficientes y el atraso que presenta la puesta en funcionamiento de la unidad No. 1 (conversión) de Planta Centro, la cual el gobierno ofreció entraría en servicio a finales del mes de febrero. Por otro lado, si se atrasa el programa de inversión para la construcción de nuevas plantas termoeléctricas que el gobierno ofreció para este año y los años subsiguientes, la crisis se acentuaría, esperemos que esto no ocurra.
La prolongación del racionamiento está acabando con el sector productivo del país. En todos los sectores de la economía, las pérdidas son incalculables. En el comercio, pérdidas en las ventas de sus mercancías y productos, en el residencial, daños en sus equipos, pérdidas de bienestar y seguridad de la colectividad y en la industria, pérdidas de mercados internacionales, nacionales y la reposición y/o reparación de sus instalaciones y equipos serán cuantiosas.
El sistema eléctrico nacional seguirá en crisis, aún cuando se instalen planta de generación distribuida y otras de mayor envergadura, debido a las limitaciones del sistema de transmisión, por la poca inversión que en él se ha hecho. Así mismo ocurre en las redes de distribución.
Da la impresión que el gobierno nos quiere acostumbrar a vivir de racionamiento en racionamiento, tal como ocurre desde hace más de 40 años en el mar de la felicidad.
Las inversiones en el sector eléctrico deben hacer de acuerdo a las estimaciones de demanda de potencia y energía que realiza el Centro Nacional de Gestión del Sistema Eléctrico, basado en los planes de desarrollo de la Nación.
Debido a la crisis generada por el propio gobierno, no hay otra opción que racionar. Sería irresponsable decirle a la gente que no baje su consumo de energía eléctrica. Pero cada vez que sea víctima de un apagón, recuerde que es culpa del presidente Chávez y la corrupción de su entorno, aunque sean los ciudadanos los que paguemos las consecuencias.
